Es un principio del Derecho Administrativo por el cual “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. Dicho principio corresponde a:

• A.Principio del Debido Procedimiento
• B.Principio de Imparcialidad
• C.Principio de Conducta Procedimental
• D.Principio de Razonabilidad