Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento:

• A.Veracidad
• B.Eficiencia.
• C.Idoneidad.
• D.Respeto